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La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia: al límite entre la infracción penal y la infracción administrativa

Luis SARRATO MARTÍNEZ

Juez de lo Penal sustituto en los Juzgados de Navarra

Diario La Ley, Nº 7162, Sección Tribuna, 27 Abr. 2009, Año XXX, Ref. D-146, Editorial LA LEY

LA LEY 11356/2009

A propósito de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Pamplona con fecha 30 de diciembre de 2008 (LA LEY 216408/2008) (LA LEY 216408/2008), resulta oportuno un breve comentario sobre una importante y controvertida materia: la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, contemplada actualmente en el art. 383 Código Penal (LA LEY 3996/1995) (CP).

Los hechos que motivan la sentencia sucedieron el 26 de abril de 2008, cuando el acusado circulaba en motocicleta «a elevada velocidad» por la Avenida del Ejército de Pamplona, por lo que fue interceptado por la Policía Municipal. Los agentes le sometieron a una prueba de muestreo «con un etilómetro portátil indiciario» que arrojó un resultado de 0,57 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Trasladado a dependencias policiales, se le requirió para someterse a otra prueba con un «etilómetro digital de precisión», advirtiéndole de que si se negaba sería acusado de un delito contra la seguridad vial.

El conductor, de forma consciente, «eludió realizar la prueba correctamente», pese a lo cual ésta arrojó resultados parciales de 0,62 y 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, con base en los cuales fue denunciado administrativamente por conducción de un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la permitida. Por otra parte, el Ministerio Fiscal había solicitado para él nueve meses de prisión y un año y medio de privación del permiso de conducir como autor de un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.

Según declara la sentencia, de tales hechos probados no se desprenden elementos suficientes para atribuir al conductor acusado la comisión del delito contra la seguridad vial, en la modalidad de negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia a requerimiento de un agente de la autoridad, tipificado en el art. 383 CP (LA LEY 3996/1995). En el caso de autos, el argumento nuclear que sirve de base y que justifica la absolución es el siguiente: la negativa a someterse a las pruebas constituye únicamente infracción administrativa, no pudiendo rebasarse esos límites.

Como es bien sabido, el CP, aprobado por LO 10/1995 de 23 de noviembre (en vigor desde el 24 de mayo de 1996, y con la excusa de sus diez años de vigencia) tras la modificación operada mediante la LO 15/2007, de 30 de noviembre, recoge, endureciendo la regulación anterior, los delitos contra la seguridad vial entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 379 (LA LEY 3996/1995) a 385 (LA LEY 3996/1995).

La LO 15/2007 modifica la rúbrica de los «delitos contra la seguridad del tráfico», que pasan a denominarse «delitos contra la seguridad vial». También modifica ampliamente la redacción de algunas conductas típicas e incorpora al Capítulo IV del Título XVII del CP, nuevas figuras delictivas, provocando la invasión de ámbitos que tradicionalmente pertenecieron al Derecho administrativo. Estas modificaciones y nuevas incorporaciones, que convierten el CP en un listado de infracciones formales administrativas con consecuencias penales, se insertan, en definitiva, en el proceso creciente de criminalización al que asistimos impertérritos y que parece no llegar a su fin.

La reforma del art. 383 CP (LA LEY 3996/1995), que trae causa del conocido y asistemático delito de desobediencia del art. 380 CP (LA LEY 3996/1995), es una de las reformas de mayor calado y que más problemas suscita en la praxis. Lo primero que vemos en la nueva regulación, y merece destacarse, es la eliminación de cualquier remisión o referencia al delito de desobediencia del art. 556 CP (LA LEY 3996/1995), con lo que es de afirmar que pasa a ser un delito de autonomía propia contra la seguridad vial. La conducta típica es «(...) El conductor que requerido por agente de la autoridad, se negare a someterse las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y las sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores (...)». Asimismo, el artículo prevé penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Se puede observar que a diferencia del antiguo art. 380 CP (LA LEY 3996/1995), el art. 383 (LA LEY 3996/1995) no hace referencia a comprobar un hecho punible, la «influencia de alcohol» o lo que es lo mismo un presunto delito del art. 379 CP (LA LEY 3996/1995). Tras la modificación del año 2007, la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica, pierde su innecesario calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada.

Por otra parte, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo, establece en su art. 12 (LA LEY 752/1990) que todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

A la prueba de alcoholemia se refiere también el Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 1428/2003, de 21 de noviembre (LA LEY 1951/2003)(RGCir.), en desarrollo de lo establecido en el art. 12 Ley de Seguridad Vial (LA LEY 752/1990). En su art. 21 (LA LEY 1951/2003) dispone que «Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del trafico podrán someter a dichas pruebas: a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación; b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo los efectos de bebidas alcohólicas; c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento; d) A los que con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad».

Pues bien, a la vista de la regulación actual —penal y administrativa—, cabría plantearse una serie de interrogantes, de entre los cuales, destacamos los siguientes:

1. La negativa implícita o explícita de un conductor a someterse a una prueba de alcoholemia, ¿puede considerarse infracción penal o infracción administrativa? ¿dónde y bajo qué parámetros se establecen los límites?
2. El actual delito de negativa a someterse a pruebas de detección de alcohol o drogas, contemplado en el art. 383 CP (LA LEY 3996/1995), ¿exige síntomas previos o basta con la simple negativa del sujeto?
3. ¿Quién decide si existen o no síntomas claros de embriaguez en el momento de realizar la prueba de alcoholemia?

El espinoso tema de fondo que subyace a estos interrogantes es la necesaria delimitación entre el ámbito penal y el ámbito administrativo. El mayor problema que presenta la nueva redacción dada al art. 383 es si la misma ha extendido su ámbito de aplicación a todos los supuestos del art. 21 RGCir (LA LEY 1951/2003)., y en concreto a los controles preventivos sin signos de embriaguez. A mi modo de ver, la resolución judicial que es objeto del presente comentario resuelve acertadamente varias de las cuestiones anteriormente mencionadas.

En primer lugar, la sentencia no pone en tela de juicio que el conductor fue interceptado y requerido por los agentes de la Policía Municipal para la realización de la prueba de la alcoholemia, ni tampoco que existiera «una negativa implícita, consistente en realizar la prueba de forma conscientemente defectuosa para evitar la obtención de un resultado válido», pues ambos extremos quedaron suficientemente acreditados con la declaración en el acto del juicio del secretario del atestado. Declarando debidamente probados ambos extremos, la sentencia argumenta con toda certeza que «la mencionada negativa, en las circunstancias en que se produjo, constituye únicamente infracción administrativa», y ello por varias razones: i) en el atestado se hizo constar que el instructor y el secretario no observaron en el conductor acusado síntomas claros de influencia de bebidas alcohólicas; ii) en la vista oral, ni el secretario del atestado ni el agente que intervino en la detención del acusado fueron preguntados por la existencia o no de tales síntomas, y iii) el conductor no se vio implicado en ningún accidente de circulación. Parece atinado este razonamiento esgrimido por el juzgador, pues si los agentes no observaron en el conductor síntoma alguno de influencia, ni ello fue cuestionado en el acto del juicio, ni se produjo accidente de circulación alguno, no cabe presuponer ni afirmar categóricamente que aquél se hallaba conduciendo su motocicleta bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Para la resolución del supuesto, el Juez aplica la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de diciembre de 1999 (LA LEY 12171/1999) (LA LEY 12171/1999), que interpreta el antiguo art. 380 CP (LA LEY 3996/1995), en relación con el art. 21 RGCir (LA LEY 1951/2003)., entendiendo que no existe razón alguna para que no sea extrapolable al vigente art. 383 CP (LA LEY 3996/1995), y por tanto, de aplicación. Según esta doctrina, la negativa en el supuesto del apartado a) —conductor implicado en un accidente de circulación como posible responsable— y del apartado b) —conducción con evidentes síntomas de embriaguez— constituye delito mientras que la misma negativa en los casos del apartado c) —denuncia por infracción de tráfico— y del apartado d) —control preventivo de alcoholemia—, sólo constituirán delito si se advierten síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Con la nueva redacción del art. 383 CP, y en total ausencia de una interpretación jurisprudencial como la que acabamos de mencionar, parece que la simple negativa para comprobar una tasa de alcohol supone ya el cumplimiento del art. 383 CP aunque se efectúe en un control meramente preventivo. Sin embargo, ello parece excesivo, ya que además el precepto nada dice en su redacción acerca de su ámbito de aplicación a todos los supuestos contemplados en el art. 21 RGCir (LA LEY 1951/2003). y en concreto a los controles preventivos sin signos de embriaguez. La respuesta afirmativa al respecto, asumiendo una interpretación tan estricta del art. 383 CP, trae como consecuencia una gran dificultad a la hora de trazar las fronteras entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. En definitiva, no debe bastar, para considerar autor del delito a quien se niegue a las pruebas, la simple negativa: sólo la negativa acompañada de los signos externos que revelen que la ingestión de bebidas alcohólicas influye negativamente en la conducción del vehículo de motor por el sujeto activo daría lugar a la aplicación del art. 383 CP (LA LEY 3996/1995), constituyendo el elemento subjetivo del injusto precisamente el conocimiento y conciencia de esa influencia por parte del sujeto activo, fundamentador de su negativa.

Sin duda, la conducción de vehículos a motor es una de las actividades que crean un mayor riesgo para la vida y la integridad de las personas que son, también sin duda, valores máximos a tutelar. Y eso justifica, o puede justificar, el adelantamiento de la barrera defensiva, afirmando la peligrosidad general de ciertas conductas cuya reiteración produciría lesiones seguras de los aludidos bienes. En el ámbito de la seguridad vial, es del todo razonable tipificar determinadas conductas como delito, y por tanto, es necesaria la intervención del Derecho penal, como por ejemplo, la conducción temeraria, con manifiesto desprecio para la vida de los demás, con permiso de conducción retirado o suspendido, o incluso sin él.

El Derecho penal, en tanto que debe constituir la cúspide del aparato sancionador del Estado, se configura como un derecho de mínimos y de certezas, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el nuevo art. 383 CP (LA LEY 3996/1995) es una manifestación más de la administrativización del Derecho penal, y su desvinculación con el bien jurídico protegido es tan notoria, que puede dañar seriamente las bases de toda la dogmática penal. Cabría plantearse, además, la constitucionalidad del precepto —dudosa, a mi modo de ver—, ya que su objeto es comprobar una simple tasa que puede ser ilícito administrativo, no ser nada o ilícito penal. Es un evidente solapamiento del Derecho penal con el Derecho administrativo, pues ambos inciden sobre la misma conducta del sujeto con el mismo fin de comprobar, pero la falta de clarificación o, dicho sea de otra forma, la existencia de zonas grises puede conducir a soluciones arbitrarias.

Por ello, y para concluir, cabe destacar la labor interpretativa de los Juzgados y Tribunales, que resulta fundamental a la hora de realzar los contornos de la línea que separa el ilícito penal y el ilícito administrativo, y así poder resolver otros supuestos similares al que hemos comentado con la misma objetividad y sentido común.